Polémica en el mundo sanitario, más concretamente en el ámbito farmacéutico, tras la aprobación en el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios.
Según la ministra de Sanidad, Mónica García, con este proyecto se busca modernizar el ecosistema y favorecer la competencia saludable de genéricos y biosimilares. Con esta medida, se busca implantar un nuevo modelo en el que Sanidad elegirá cada seis meses el medicamento o agrupación de medicamentos más baratos de cada tipo y que hay que dispensar.
Estas ofertas las enviarán a ciegas los laboratorios sin saber lo que oferta cada uno. De esa selección se establecen tres categorías: el fármaco con el coste más bajo que el sistema nacional financiará al cien por cien, un grupo de medicamentos seleccionados con un rango de precios financiables y otro grupo de fármacos que no se financiarán, salvo que el paciente aporte la diferencia. Una medida que perjudica sobre todo a los pacientes polimedicados.
Farmaindustria y la Asociación Española de Medicamentos Genérico, entre otras asociaciones, han emitido un comunicado conjunto advirtiendo que este proyecto «generará una tendencia automática a minimizar precios de medicamentos fuera de patente, haciendo inviable la continuación de muchas líneas de producción de medicamentos en España e intensificando los actuales problemas de suministro de medicamentos».
Quien también se ha mostrado crítico con esta medida es el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. El CGCOF señala que «esta situación reduciría la adherencia a los tratamientos e incrementaría el riesgo de errores y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado. Además tendrían también un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia, sin sus profesionales y sin acceso al medicamento».
