El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un Real Decreto-ley para modificar el sistema de copago farmacéutico. Una reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Hacienda. El objetivo es «implementar un sistema de copago más progresivo sin incrementar la aportación que realizaban hasta ahora los diferentes colectivos».
Una de las novedades es la ampliación de niveles de aportación para personas activas y sus beneficiarios, pasando de tres a seis tramos de renta. Esta medida tendrá mayor impacto en aquellos pacientes con tratamientos prolongados y polimedicados.
En el sistema de copago farmacéutico anterior solo había tres escalones: las rentas inferiores a 18.000 euros, las rentas superiores a 100.000 euros y las rentas intermedias entre ambas cantidades. Dos de los nuevos tramos son para aquellas rentas inferiores a 9.000 euros que tienen un 40% de copago y 8,23 euros de límite máximo; y las rentas de 9.000 a 17.999 euros con un 40% de copago y 18,52 euros de límite.
Las rentas entre 18.000 y 100.000 euros anuales pagaban el 50% del importe de los medicamentos, ahora los tramos y porcentajes han cambiado. Entre 18.000 y 34.999 euros pagarán el 45% de copago y tendrán un límite mensual de 61,75 euros; entre 35.000 y 59.999 euros tendrán también el 45% de copago pero sin límite máximo mensual.
Entre 60.000 y 99.999 euros, el 50% de copago sin límite mensual y aquellos con rentas superiores a 100.000 euros mantendrán los mismos parámetros que hasta ahora, 60% de copago sin límite mensual.
Respecto a los pensionistas, se incorpora un nuevo tramo para aquellos con rentas entre 18.000 y 60.000 euros anuales además de actualizar los topes máximos de aportación mensual de manera progresiva. Se establece también «la exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos» para evitar así que las revalorizaciones de las pensiones puedan repercutir de manera negativa en el acceso a los medicamentos.
Según la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, esta medida tendrá un impacto aproximado de 265,63 millones de euros. Este Real Decreto-ley, publicado hoy en el BOE, tiene que ser convalidado en el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
