Después de todo el debate que ha causado la negativa de un farmacéutico de dispensar a una mujer la píldora del día después (PDD), finalmente el Tribunal Constitucional ha dado la razón al profesional sevillano al validar el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia que ampara a los médicos y farmacéuticos. Este derecho se puede alegar cuando existe una “duda razonable” sobre la producción de los efectos del medicamento en una mujer embarazada, como podría este caso.
La objeción de conciencia es uno de los derechos básicos de los farmacéuticos colegiados en el ejercicio de su actividad profesional. Por ello, en el fallo, el Tribunal Constitucional ha señalado que “el demandante actuó bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho, cuyo reconocimiento estatutario no fue objetado por la Administración”.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha apuntado que no reconoce este derecho en el caso de la dispensación de preservativos, hecho por el que también la Junta de Andalucía le sancionó. Finalmente, el TC ha pedido a la Junta que concrete la sanción.
Más de 3.000 euros de multa
Esta historia empezó cuando el boticario alegó que no podía vender la píldora del día después porque puede ser abortiva para algunas mujeres embarazas. Para el farmacéutico, esta venta suponía un debate moral interno al ser “contrario a sus convicciones éticas sobre el derecho a la vida”. Por este motivo, no contaba ni si quiera con el mínimo de existencias que le imponía la normativa sectorial.
En un principio, al demandante se le impuso una sanción de más de 3.000 euros por no disponer en su farmacia ni de preservativos ni de la píldora del día después, dos productos que están incluidos en la relación de obligada disposición.
Sin embargo, el TC ha considerado que no disponer de las mínimas existencias de la píldora del día después no pone en peligro el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizadas por el ordenamiento jurídico vigente.
