El Tribunal Supremo ha aprobado el Decreto 118/10 de 27 de agosto, por el cual el gobierno de la Generalitat de Valenciana pretende ordenar y priorizar las actividades de las estructuras de soporte para un uso racional de los productos farmacéuticos en la Agencia Valenciana de Salud. Además, el fallo avala el decreto 94/2010 sobre la atención sociosanitaria para permitir la dispensación desde los servicios de farmacia de centros de atención primaria y hospitales, norma aprobada también por el Alto Tribunal hace unos meses.
El decreto 118/2010 regula las diversas estructuras públicas de atención primaria como los Servicios Farmacéuticos de Área (SFA) o las Unidades de Atención Farmacéutica de Pacientes Externos (UFPE), así como los Servicios Farmacéuticos Hospitalarios (SFH).
Por un lado, en el caso de la atención primaria esta nueva regulación permite a los SFA la solicitud, distribución y almacenamiento de productos farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Por otro, la norma otorga a las UFPE la atención farmacéutica a pacientes que no están hospitalizados pero que requieran una vigilancia y control.
Sin embargo, según el Colegio Oficial Farmacéutico (COF) de Valencia, estos conceptos serían contradictorios ya que la Ley de Garantías sí permite la dispensación a pacientes externos desde centros de salud y hospitales de los medicamentos que requieran vigilancia y control no de los pacientes que requieren estas consideraciones.
Por su parte, el Alto Tribunal ha descarto esta contradicción entre ambas cuestiones ya que estima que la Ley de Garantías engloba a pacientes que necesitan medicamentos al margen de las oficinas de farmacia sin dejar de ser atendidos dentro de las estructuras del Sistema Nacional de Salud ya sea en hospitales o centros de atención primaria.
