No son pocas las ocasiones en las que los farmacéuticos que sufren impagos de facturas por parte de sus administraciones regionales han manifestado el deseo de recuperar hasta el «último céntimo» que les corresponde por este problema. Un importe que no solo abarcan las cuantías de las recetas públicas dispensadas, sino también los intereses de mora generados por esos retrasos en los plazos de cobro. En su objetivo cuentan con un importante aliado y apoyo: la Comisión Europea. Eso sí, recordando que la ‘ventanilla’ adecuada para llevar a buen puerto las reclamaciones son los tribunales nacionales y no dicha Comisión.
El máximo organismo europeo es tajante: las farmacias que sufran impagos por parte de sus administraciones «tienen el derecho de pedir intereses de mora y una compensación por costes de cobro si dichas autoridades locales o regionales son las que no respetan el plazo de pago establecido por la ley». Así de claro se ha posicionado recientemente en su respuesta oficial a una pregunta planteada por el eurodiputado del PP Santiago Fisas respecto a la valoración que hacía la Comisión sobre los impagos que sufren las boticas de Cataluña y las posibles actuaciones a emprender desde este organismo europeo.
Imagen de elglobal.netEn su respuesta, fechada el 28 de noviembre, la Comisión recuerda que España ha transpuesto «correctamente» la directiva europea sobre morosidad, lo cual ampara a las empresas farmacéuticas españolas (boticas) a reclamar intereses de mora y compensaciones adicionales si se incumplen los plazos que dicta la norma. La correcta aplicación por parte del Gobierno español de esta directiva europea, aunque luego sean las autoridades locales quienes no cumplan con lo que estipula, hace que la Comisión ‘descarte’ tener capacidad para tomar cartas en el asunto y por ello recuerda que «las infracciones de la legislación nacional deben resolverse normalmente ante los tribunales nacionales». Es así como se da respuesta a la pregunta de Fisas sobre las medidas a tomar por la Comisión para que la Generalitat de Cataluña cumpla con la Directiva 2011/7/UE.
En esta réplica al eurodiputado popular, la CE dice ser consciente de «la gran importancia que tiene para las pymes la aplicación correcta de la legislación en la materia, sobre todo en la situación económica actual». No obstante, incide en que se trata de un problema que deben resolver los Estados miembro y, en este caso, los tribunales nacionales.
Los tribunales, una vía ya abierta
Bien es cierto que antes de que la Comisión Europea invite ahora a acudir a los tribunales, los farmacéuticos catalanes ya han optado por abrir esa vía judicial. Generalmente, ello ocurre tras agotar previamente la vía administrativa, la cual pasa por presentar reclamaciones de intereses por impagos ante la consejería de Sanidad regional (y que son sistemáticamente denegadas).
Por ejemplo, el Consejo Catalán de Colegios de Farmacéuticos tiene presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) regional un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del CatSalut, que desestimó la reclamación de intereses por impago de recetas desde agosto de 2011 a octubre de 2012 (12,4 millones y, subsidiariamente, otros 6,2 millones de euros). Próximamente podrían abrirse nuevos casos en el TSJ catalán, toda vez que el CatSalut ha recibido semejantes reclamaciones de intereses por parte del Consejo Catalán generados por los retrasos en el pago de facturas de 2013 y del primer trimestre de 2014. Unas reclamaciones sobre las que no se espera una respuesta que no sea la desestimación, a tenor de los precedentes.
Noticias relacionas con el mundo farmacéutico www.elglobal.net
